El 24 de marzo de 1976,
Argentina sufrió un golpe de Estado cívico-militar que usurpó el gobierno con
el objetivo de transformar la economía y la política, y aplicar un modelo
neoliberal.
La dictadura quitó derechos a
los sectores populares y aumentó los privilegios de los grupos concentrados de
poder y de las corporaciones transnacionales, ligadas al capital financiero y a
las grandes empresas de comunicación. La transformación económica que se impuso
implicó el fomento de los monopolios y el avance de privatizaciones, los
despidos masivos y la reducción de salarios.
Este modelo que comenzó a
destruir la industria nacional fue impuesto mediante persecuciones, asesinatos,
detenciones forzadas, privación ilegítima de la libertad, torturas y
desapariciones de todo aquel que se le opusiera, denunciara estos crímenes de
lesa humanidad, o estuviera comprometido con la realidad de su pueblo.
Las consecuencias más atroces son 30 mil personas detenidas desaparecidas y 500
niños apropiados mediante el plan sistemático de robo de bebés. Pero en
definitiva fue la sociedad entera la que estuvo sometida y fue víctima del
terrorismo de Estado.
Desde el primer momento los
organismos de derechos humanos salieron a la calle a reclamar el fin de la
represión y la aparición con vida de los desaparecidos. Esta lucha marcó la
fortaleza necesaria que llevó a recuperar la democracia en 1983. Al poco
tiempo, el juicio a las Juntas Militares fue un gran avance que generó
esperanzas para consolidar la democracia, pero luego las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida establecieron el principio de impunidad que más tarde sería
ampliado con los indultos a los genocidas durante la década del 90. La
liberación de los genocidas fue coincidente con la profundización del modelo
neoliberal que nuevamente se afianzaba en las acciones de desmantelamiento del
Estado, de destrucción de la industria nacional y de exclusión social.
En el año 2003, con la
asunción del ex presidente Néstor Kirchner, el Estado asumió su responsabilidad
ética y jurídica para combatir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad,
y para escuchar los reclamos de los organismos de derechos humanos, fundando
así las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El 24 de marzo de 2004,
Kirchner se presentó en el Colegio Militar y descolgó los cuadros de los
represores Videla y Bignone. Ese mismo día, recuperó la ex ESMA y mediante un
discurso ante la multitud, Kirchner anunció que ese lugar símbolo del
terrorismo de Estado se transformaría en un Espacio de Memoria y Derechos
Humanos. Estas acciones permitieron que en estos 10 últimos años se hayan
anulado las leyes de obediencia debida y punto final, se hayan reabierto las
causas judiciales por delitos de lesa humanidad, se hayan condenado a 521
responsables de esos delitos imprescriptibles, hayan más de 1000 procesados, 77
ex centros clandestinos de detención señalizados y 22 espacios de memoria
abiertos. Asimismo en la actualidad hay 110 nietas y nietos que recuperaron su
identidad, y Argentina a 30 años de democracia ininterrumpida consolida
políticas de ampliación y empoderamiento de derechos.
